Estos cambios pueden traer consecuencias negativas para el sector y para el país, entre ellas:
● La salida y/o desaparición de varios agentes comercializadores industriales, que hoy conforman un sector en el cual participan cerca de 300 agentes.
● La concentración de mercado en pocos agentes.
● Mayores costos e ineficiencias para los consumidores finales, los cuales hoy pueden ser más de 5.000 clientes que nuestro sector atiende.
● Mayor informalización en la distribución de combustibles en el país o regresar al pasado en el cual los consumidores finales, corrían grandes riesgos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección del medio ambiente, para poder proveer del combustible que necesitaban.
En este contexto nació la nueva Asociación de Comercializadores Industriales de Combustibles y Energéticos – ACICE, con el ánimo de aportar propositiva y constructivamente al desarrollo normativo del sector, a dar a conocer la importancia de esta actividad y el valor agregado que genera y por su puesto preservar los avances que se han logrado en los últimos 30 años de existencia de dicha actividad que fue reconocida normativamente en el año 2005, es decir hace 16 años, y que está en riesgo de desaparecer, ante las amenazas y retos que afronta la misma.
1) Explicación rápida de la cadena de valor del combustible y su historia
La distribución de combustibles líquidos en el país, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, es considerada un servicio público, sin embargo, dentro de la estructura de esta cadena la comercialización industrial es un agente poco conocido por los diferentes grupos de interés y el público en general y entre ellos, las autoridades nacionales y regionales. Por lo tanto, tal como se señaló anteriormente, vale la pena reiterar que los combustibles líquidos, en especial la gasolina, el diésel y las mezclas de estos con biocombustibles (alcohol carburante en las gasolinas y biodiésel con el diésel de origen fósil), tienen dos consumidores principales:
A. Los vehículos, y
B. La maquinaria y/o equipos para usos en los sectores industrial, manufacturero, comercial, servicios, minería, petróleo, agricultura, infraestructura, ente otros.
Para llevar un galón de diésel o de gasolina a una estación de servicio o a un bulldozer, se ha llevado a cabo un proceso muy largo de extracción del petróleo desde el subsuelo, transporte a las refinerías, refinación del mismo, transporte por tuberías hasta las plantas mayoristas y finalmente transporte terrestre hasta las estaciones de servicio y/o el sitio industrial de ubicación del referido bulldozer, además que en el caso específico de nuestro país, si bien producimos más petróleo del que necesitamos y tenemos excedentes de exportación, nuestra capacidad de refinación no alcanza para atender todas las necesidades que el país tiene y es por ello que una parte del combustible es importado para satisfacer la demanda nacional.
Un desabastecimiento de combustibles líquidos puede llevar a la parálisis económica y tener consecuencias nefastas en todas las actividades productivas del país. Colombia vivió ya una experiencia funesta al respecto en la época reciente del Paro Nacional. Por este motivo, ha sido política de Estado promover el crecimiento del sector de distribución de combustibles en el país, en el cual se logre una participación plural de agentes, que generen valor agregado a nivel económico y social y que tengan vocación de permanencia no solo a corto, sino a mediano y largo plazo. Adicionalmente, por tratarse de productos inflamables y de manejo riesgoso y peligroso, la regulación técnica ha propendido por los más altos estándares de seguridad industrial, salud ocupacional y protección del medio ambiente en el desarrollo de las operaciones del sector.
Para lograr estos objetivos, uno de los mayores logros fue la formalización de los agentes de la cadena a través de normas claras con criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera.
Fue así como a partir del año 2005 el país logró un marco regulatorio que tuvo como una de sus principales innovaciones la definición del Comercializador Industrial, el cual permitió a las empresas dedicadas a esta actividad firmar contratos con distribuidores mayoristas, asumir responsabilidades de suministro ante clientes, salir del anonimato en que se encontraban y a lo largo de estos 16 años de historia, mostrarle al país, al Gobierno Nacional y a los diferentes grupos de interés que son un sector que aporta en forma decidida e importante al desarrollo económico y social del país.
2) La Comercialización Industrial de combustibles – valor agregado
Tal como se indicó anteriormente, desde su creación en el año 2005, el comercializador industrial ha operado como un distribuidor minorista que atiende a consumidores finales de los sectores antes señalados con un consumo menor a los 20.000 galones / mes por punto de entrega.
En general, el desarrollo institucional, regulatorio, normativo, operativo y comercial de la cadena de distribución, permitió, entre otros, a estos agentes lograr:
● Un reconocimiento ante todas las demás autoridades (fiscales y tributarias, ambientales, vigilancia y control, etc.),
● Fomentar la seguridad jurídica y el desarrollo de importantes inversiones por parte del sector en los equipos y vehículos que utiliza en el desarrollo de su actividad y en las inversiones realizadas en sus clientes consumidores finales.
● Formalización de la cadena con altos estándares técnicos y ambientales y lograr procesos importantes de financiación de sus actividades a través del sector financiero, entre otros.
● Una clara identificación de los múltiples y variados clientes consumidores finales que este sector atiende y en los diferentes sectores económicos, en los cuales tiene influencia.
Con las cifras más recientes publicadas (a junio de 2021) y como se señaló anteriormente, existen más de 300 empresas en el país que actúan como distribuidores minoristas – comercializadores industriales, las cuales se encargan de prestar un servicio especializado y a la medida con total seguridad y transparencia, mejorando cada día sus procesos y ejerciendo cada vez más controles y optimizaciones operativas y económicas en relación a la entrega del combustible y de servicio al cliente.
Estos agentes llegan a todos los sitios del país, muchas veces en condiciones geográficas complejas y en lugares de orden público difícil.
Su especialización y servicio único, permite reducir el costo a los consumidores finales que requieren el combustible para sus proyectos, pero que no tienen la experticia en el manejo de este tipo de sustancias inflamables. Además, que por la duración de los proyectos, no les resulta viable invertir en tanques u otros equipos, los cuales son suministrados y/o dispuestos eficientemente por los comercializadores industriales para el desarrollo de sus operaciones y atención de sus necesidades.
3) Amenazas, retos y Expectativas
Además del efecto sobre las ventas generado por la pandemia del Covid -19 y los movimientos sociales en el país, sumado a la lenta recuperación económica que se ha venido dando, vale la pena que el público en general conozca que los cambios regulatorios que ha venido implementando y proponiendo el Ministerio de Minas y Energía, no solo pueden tener importantes repercusiones a nivel económico, comercial y social para el sector de la comercialización industrial de combustibles, sino que además flagrantemente incumplen con los requerimientos de consulta que asumió el país al firmar su entrada a la OCDE y sin que se estén efectuando en debida forma los respectivos análisis de impacto normativo, que decisiones de esta naturaleza y de acuerdo con los estándares globales, este tipo de modificaciones y/o posiciones ameritan.
En primer lugar, el Ministerio de Minas y Energía propone modificar la interpretación del límite de 20.000 galones al mes por punto de entrega y fijarlo de forma unilateral como un límite por razón social del consumidor, no solo afectando la garantía de abastecimiento de los consumidores finales, los cuales podrían estar en una situación de indefinición frente a quien los puede atender, sino además generando importantes perjuicios económicos, operativos y comerciales a un sector que ha venido actuando así desde hace casi 16 años en forma eficiente y oportuna.
Es importante anotar, que este cambio de interpretación no tiene un claro sustento técnico, por cuanto que los riesgos por manejo de sustancias inflamables no se incrementan porque un consumidor tenga varias operaciones en uno o varios municipios y/o departamentos. Es decir, no existen mayores riesgos de incendios, derrames, etc. si un cliente tiene operaciones en todo el país. Por ejemplo, una empresa manufacturera de harina de trigo que opera en diferentes departamentos no tiene más riesgos que dos empresas diferentes que operen en los mismos departamentos.
Por lo tanto, se observa que la motivación de la modificación en la interpretación del volumen de 20.000 galones mes, pareciera corresponde equivocadamente a un interés de reducir las ventas de los comercializadores industriales, desconociendo la práctica que se ha llevado por más de 15 años y que ha traído importantes beneficios al desarrollo del sector, sus agentes y del país en general.
Además, con las recientes posiciones del regulador, el Ministerio de Minas y Energía, de limitar la participación de los comercializadores industriales para la atención de ciertos sectores económicos, existe una asimetría en el tratamiento de diferentes agentes de la cadena de distribución de combustibles, permitiendo la competencia para unos y restringiendo la misma para otros y más cuando el sector de comercialización industrial en general ha demostrado que tiene la experiencia, la capacidad, la solvencia y la suficiencia técnica y económica para que se le permita no solo participar en la atención de consumidores finales (clientes de menos de 20,000 galones por mes por punto de suministro), sino también de los llamados grandes consumidores en la regulación (más de 20.000 galones por mes por punto de suministro) y que hoy se les permite exclusivamente atenderlos solo a los distribuidores mayoristas de combustibles.
Es por ello, que desde ACICE se busca obtener espacios de discusión amplios y abiertos para exponer estas y otras consideraciones con el Ministerio de Minas y Energía, las cuales se traducirán en aportes al desarrollo normativo, asegurar el abastecimiento de combustibles y el crecimiento económico y social del país.
ACICE es el fruto de la experiencia y dedicación de un grupo de empresarios que ha creído, cree y seguirá creyendo en el país y sus oportunidades, además que su mayor interés es contribuir al conocimiento técnico y especializado del sector, además de fomentar un nivel de experticia y capacitación en su personal técnico, que permita que la distribución minorista especializada a sus clientes, los consumidores finales, se realice bajo los más altos estándares establecidos y la creación de valor permanente.
Los nombrados agentes de la cadena de distribución se encuentran convencidos que la regulación debe consultar criterios técnicos, económicos, ambientales y no debe establecer de forma arbitraria nuevas reglas de juego. Por ello han creado ACICE, como la voz unificada de un sector productivo y trabajador, que está al servicio de la nación. La próxima vez que veas un tractor, un bulldozer, una planta eléctrica, etc. podrás entender que el combustible para su funcionamiento fue suministrado por agentes responsables y silenciosos que proveen un servicio público asumiendo grandes retos y minimizando el riesgo para empresas y ciudadanos.
Finalmente, es importante señalar que los comercializadores industriales son aliados fundamentales para todos los colombianos, en diferentes actividades aportan un granito de arena estratégico y fundamental, han realizado inversiones cuantiosas y entregan galones de energéticos en todos los rincones del país. Sin embargo, por ser pequeños en comparación a otros agentes, su labor ha sido opacada y estigmatizada y es por ello que hoy se dan a conocer y alzan su voz.
