En relación con las políticas de precios a los combustibles, el desmonte de los subsidios a los combustibles y la situación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) anunciadas recientemente por el gobierno del Dr. Gustavo Petro Urrego, la ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZADORES INDUSTRIALES DE COMBUSTIBLES Y ENERGÉTICOS – ACICE -, como una asociación que tiene como principal objetivo representar al sector de los comercializadores industriales de combustible y energéticos, se permite efectuar los siguientes pronunciamientos:
1. Los combustibles líquidos derivados del petróleo y su comercialización revisten de una alta relevancia en la economía y calidad de vida de las personas. Sectores como, la industria, el comercio, los productores de alimentos, el transporte individual y de pasajeros, la infraestructura, la agroindustria, la minería, hacen uso constante de los diferentes tipos de combustibles.
2. La reactivación de la economía implicará un aumento en el consumo de los combustibles en los próximos años, y todo el sector, desde los refinadores e importadores hasta los comercializadores industriales y distribuidores minoristas deberán afrontar grandes retos y realizar inversiones para que se garantice la seguridad y la confiabilidad en el suministro.
3. Los precios de los combustibles deben reflejar sus costos de producción y comercialización y deben compensar a todos los actores que intervienen en la cadena de distribución de los combustibles.
4. La política de precios a largo plazo debe tener en cuenta cómo se compondrá la matriz energética y cómo se hará la transición de energías limpias y como se remunerarán los activos requeridos para los combustibles líquidos derivados del petróleo y que servirán como energéticos de transición en ese proceso.
5. Por otro lado, está demostrado que subir bruscamente los precios de los combustibles impacta negativamente el poder adquisitivo de los hogares y los costos del sector productivo, por el efecto inflacionario, como consecuencia de la alta dependencia de su uso.
6. Los subsidios a los combustibles producen un desajuste en los ingresos del Gobierno. Produce cuantiosos déficits fiscales que dan como resultado menores presupuestos para el gasto social. Por culpa de los subsidios, el Gobierno cuenta con menos recursos para las inversiones requeridas en educación, salud y programas de vivienda para el común de los colombianos.
7. Así mismo existe, a nivel mundial un desequilibrio entre los subsidios a los combustibles fósiles y aquellos que se destinan para energías renovables. Lo anterior significa que los altos subsidios a los combustibles de origen fósil no están dejando espacio para promover las energías renovables.
8. Parte de los excedentes de la bonanza petrolera se utilizan para pagar subsidios a los combustibles, lo que es un contrasentido y crea un circulo vicioso porque esos recursos, producto de nuestras exportaciones petroleras, debería ir, en parte, destinadas a cubrir los costos de la transición energética y no a sustentar unos subsidios cuyos efectos positivos en las clases menos favorecidas son bien dudosos.
9. Respecto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) vemos que su origen y filosofía tenía un sentido sano y era amortiguar el impacto de los altos precios internacionales de los combustibles para con ello beneficiar a los consumidores colombianos. Se creó con la noción de que sería fiscalmente neutro en el mediano plazo, pero al final dio los resultados esperados porque el déficit acumulado del mismo lo ha vuelto insostenible afectando notablemente los recursos del Presupuesto General de la Nación, por lo que se hace necesario revisar su existencia y funcionamiento.
En síntesis, consideramos que se hace necesario continuar con la política de desmonte de los subsidios a los combustibles planteada por el Gobierno Nacional, de tal manera que los precios se sinceren frente a los precios internacionales y así los costos de oportunidad de los productores sean capturados en beneficio del sector de hidrocarburos. Sin embargo, es necesario que la política de desmonte sea gradual y paulatina para resistir al máximo las presiones inflacionarias que implica un aumento desbordado en los precios del combustible lo que causaría dolor al consumidor colombiano y afectaría el crecimiento económico que tanto necesita el País. ACICE continuará vigilante en este proceso y acompañará al Gobierno, con sus aportes basados en su experiencia y conocimiento, en aquellas iniciativas que sean beneficiosas al sector y a la sociedad colombiana en general.
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